En este estudio abordamos la problemática existente a la hora de legitimar jurídicamente los actos de injerencia que, concretados en la intervención de las comunicaciones telemáticas y a través de internet, han de permitir al investigador de un delito...
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En este estudio abordamos la problemática existente a la hora de legitimar jurídicamente los actos de injerencia que, concretados en la intervención de las comunicaciones telemáticas y a través de internet, han de permitir al investigador de un delito (concretado en la Policía Judicial) relacionado con tal proceso comunicativo, obtener de manera lícita la información que permita efectuar una imputación con todas las garantías. No son pocos los escollos a solventar para alcanzar tal fin: tanto norma adjetiva como investigador deberán enfrentarse a dificultades como la elevada y heterogénea cantidad de plataformas de internet que funcionan con procesos propios y diferentes de los de las demás, a situaciones en las que el prestador de los
servicios de internet se niega a colaborar porque se encuentra bajo la Ley de otro Estado, a sistemas de seguridad y encriptado de mensajes en los que ni el propio prestador tiene la llave para desencriptar la comunicación transmitida, etc. Un mar de ob
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